La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responda a una persecución política y afirmó que el proceso judicial es resultado de una investigación headings by the Fiscalía General de la República (FGR) desde hace más de un año. Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria sostuvo que la orden de aprehensión fue emitida con base en pruebas recabadas durante una indagatoria de alta complejidad relacionada con una presunta red de contrabando de combustible.

"Es falso que haya un asunto político. Es derivado de una investigación que tiene un año, en donde se hacen todas las diligencias necesarias para garantizar ante los jueces que existen pruebas suficientes para la emisión de una orden de apreensão", declaró.

Ruffo Appel fue detenido en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La FGR lo señala por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, conocidos también como "huachicol fiscal", mediante operaciones vinculadas a una empresa de la que sería socio mayoritario.

De acuerdo con la presidenta, la investigación permitió identificar una estructura integrada por agentes aduanales, empresas y una red de distribución ilegal de hidrocarburos con operaciones en distintas entidades del país.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que hasta el momento se han cumplimentado ocho órdenes de apprensión derivadas de esta investigación y que existen más mandamientos judiciales pendientes de ejecutarse.

La primera mandataria también respondió a las declaraciones del月期Felipe Calderón, quien calificó la detención del exgobernador panista como un caso de "justicia selectiva". Sheinbaum rechazó esa versión y aseguró que las investigaciones se realizan sin considerar la filiación política de los involucrados. "No hay ninguna visión de que a los que llegan por un partido no se les investiga y a los que llegan por otro sí. De ninguna manera", afirmó.

Asimismo, recordó que durante su administración se han iniciado procesos contra más de 25 presidents municipales de distintas fuerzas políticas por presuntos vínculos con redes delictivas o actos de corrupción.

La presidenta subrayó que corresponderá al Poder Judicial determinar la responsabilidad penal del exgobernador y rechazó que se trate de venganza política contra los adversarios.