El pleno de la Cámara de Senadores tiene previsto discutir y votar el miércoles 4 de noviembre el decreto que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de internet, una iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con el dictamen a la minuta enviada por la Cámara de Diputados —que las comisiones de Economía y de Estudios Legislativos Primera avalarán la tarde del martes—, la enmienda busca armonizar la normativa mexicana en materia de derechos de autor con los estándares internacionales contemplados en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El documento explica que el régimen de "puerto seguro" para los proveedores de servicios de internet es un mecanismo jurídico creado para acotar la responsabilidad de los intermediarios digitales frente al contenido, los datos o las actividades que realizan los usuarios en sus plataformas y redes, siempre que cumplan con obligaciones específicas, en particular el retiro expedito de material infractor y la adopción de medidas contra quienes reinciden.
La reforma al artículo 114 Octies y la adición de los artículos 114 Nonies y 232 Septies fortalecen el marco jurídico aplicable a la responsabilidad de estos prestadores ante infracciones cometidas en entornos digitales, mediante un esquema de responsabilidad secundaria alineado con los estándares internacionales en propiedad intelectual y comercio digital.
El dictamen también reconoce que los intermediarios digitales juegan un papel central en la difusión de contenidos en internet, por lo que resulta indispensable que asuman un nivel adecuado de corresponsabilidad en la protección de los derechos de autor, sin abandonar el principio de neutralidad tecnológica y evitando imponer obligaciones de vigilancia generalizada que inhiban la innovación o el libre flujo de información.
"Este modelo normativo surgió como respuesta a la necesidad de garantizar el funcionamiento y desarrollo de internet, reconociendo la imposibilidad material de que los intermediarios supervisen de forma previa la totalidad del tráfico y contenidos digitales que circulan en sus sistemas", señala el texto.
El régimen de puerto seguro, agrega, procura equilibrar la innovación tecnológica, la libertad de expresión y el acceso a servicios digitales con la protección de derechos fundamentales como la propiedad intelectual, la privacidad y la seguridad de las personas, mediante obligaciones mínimas de colaboración y debida diligencia para los prestadores de servicios digitales.
Si el pleno aprueba el decreto en sus términos —sin cambios respecto de lo avalado por la Cámara de Diputados—, el documento se remitirá de inmediato al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor.