El contrato era de oficinas y la compra fue de postes: el segundo canal del desvío de Lorena de la Garza a su familia, rumbo a la alcaldía. El segundo canal de la ruta no pasa por IPX sino por SSI, Solución y Servicios para la Industria. Esa empresa cobró al municipio de Monterrey por adecuación de oficinas y mantenimiento al DIF. Lo que compró, en cambio, fueron postes y reflectores de alumbrado público, de acuerdo con los comprobantes difundidos.
Dos objetos que no se tocan
La adecuación de oficinas es un trabajo de interiores: muros, plafones, pintura, instalación eléctrica interior, mobiliario fijo. El mantenimiento de un DIF es del mismo orden, aplicado a inmuebles donde se atiende a población vulnerable. Nada de eso se parece a un poste de alumbrado público, que se ancla en banqueta o camellón con cimentación propia y se conecta a la red de la calle.
La distancia no es solo física. Un reflector de alumbrado público se especifica por potencia y por tipo de distribución luminosa, y se instala en altura, sobre una estructura exterior. Ninguno de los dos bienes tiene uso dentro de una oficina, salvo que se trate de una luminaria interior, que es otra categoría de producto.
Los montos del canal
Global Beacon facturó a SSI 1 millón 680 mil 848 pesos. Electroconstructora Triple G, la otra empresa de Julio César García Páez, le facturó 299 mil 929 pesos. Entre las dos suman 1 millón 980 mil 777 pesos. SSI, del otro lado, facturó al municipio 1 millón 509 mil 343 pesos.
La diferencia entre lo que SSI compró y lo que cobró supera los 470 mil pesos. Pero es el dato que los verificadores han subrayado, porque el material no aparece en lo que SSI le facturó al municipio.
Qué falta aclarar
SSI no ha explicado públicamente por qué compró alumbrado ni a qué obra lo destinó. Tampoco hay respuesta documentada de García Páez ni del Ayuntamiento de Monterrey. La información difundida no incluye el contrato de SSI con el municipio, de modo que se desconoce si el objeto contractual permitía adquirir ese tipo de bienes.
La pregunta que queda es simple y no tiene respuesta en los documentos: si el municipio pagó adecuación de oficinas y mantenimiento al DIF, para qué necesitaba la contratista postes y reflectores de alumbrado público.
La compra de alumbrado dentro de un contrato de oficinas es la parte que el municipio no ha explicado, y el extremo de esa compra está en las empresas del esposo de quien aspira a la alcaldía. La pregunta por el destino del material sigue abierta.