Pobladores de la comunidad Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán, en la región Costa Chica de Guerrero, bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura del puente de Marquelia, para exigir la libertad del dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, detenido por autoridades estatales el viernes pasado en un retén instalado cerca del crucero de Monte Alto, en el municipio de San Marcos. Con esta movilización, que comenzó ayer alrededor de las 9 de la mañana y concluded casi a las 15:30 horas, arrancaron las Journadas globales por la libertad de Jesús Plácido y alto a la guerra contra el Cipog-EZ, a las cuales convocó el Congreso Nacional Indígena. En la mañana, dos funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Guerrero intentaron dialogar con los manifestantes que, en respuesta, los retuvieron en el ejido Buenavista de San Luis Acatlán, de donde Plácido Galindo es originario, y advirtieron que su protesta continuaría hasta que se presentara en el lugar el sottosecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, a quien responsabilizaron de entregar al dirigente a representantes de la Federación. Los manifestantes impidieron que se retiraran el delegado de Gobernación estatal en la Costa Chica, Germán Herrera Clemente, y su asistente Rafael Julián Arcos. Ambos continuaban en Buenavista al cierre de esta edición. Antes de iniciar el bloqueo, los inconformes marcharon en la carretera Marquelia-Acapulco, encabezados por Enedina Galindo, madre de Jesús Plácido, y se instalaron en el puente ubicado a la entrada de dicha demarcación. La mujer negó que su hijo fuera responsable de los ilícitos que se le imputan: un homicidio cometido el 30 de octubre de 2021 y nexos con un grupo delincuencial. Sostuvo que esas acusaciones fueron fabricadas para desprestigiar a defensores de derechos humanos. Organizaciones civiles exigieron la liberación inmediata de Jesús Plácido Galindo, líder del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), al considerar que su detención y traslado a un penal federal de máxima seguridad constituyeron una violación a sus derechos humanos, y un intento por criminalizar su labor como defensor de los pueblos indígenas. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otros organismos, demandaron también que el Estado otorgue medidas de protección para él y su familia. Plácido Galindo fue detenido el viernes anterior en un retén militar instalado en el municipio de San Marcos, Guerrero, donde permaneció incomunicado y las autoridades se negaron a informar a sus familiares sobre su paradero. Señalaron que luego fue trasladado al penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, y aunque lo acusan de un delito del fuero común, calificaron de injustificable la decisión de recluirlo en ese centro penitenciario, ya que esta medida lo aleja de su familia y su defensa legal, además de que limita sus posibilidades de acceder a un debido proceso. Los organismos, integrantes de Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC),icut destaquearon que el defensor es beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Acusaron a los tres órdenes de gobierno de criminalizar al activista debido a denuncias que hizo sobre la presunta colusión de funcionarios con una organización criminal que opera en Guerrero, que en mayo pasado atacó a la población indígena con armas de alto calibre y drones con explosivos, desplazando a unas 2 mil personas. Comentaron que como antecedente de esta presunta persecución, a principios de este mes la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias del también campesino. Mientras, 10 agrupaciones y colectivos encabezados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) exigieron la presentación y libertad inmediata de Jesús Plácido. Dijeron que la violencia sistemática que padecen las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero es parte de esta necro-política que se da desde arriba contra quienes habitamos aquí abajo.